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Los expertos enviados a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para colaborar en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 cerraron el domingo sus 14 meses de trabajo con la divulgación de una hoja de ruta para la fiscalía en la que, entre otras cosas, piden que cambie la tesis oficial de los hechos y que la investigación la lleve de forma exclusiva la oficina creada a tal efecto y no otras áreas de la procuraduría.
“Es momento de que la Procuraduría General de la República cambie su versión pública sobre los hechos”, incorpore “los hallazgos importantes ya probados” y “señale que no existe certeza” sobre el destino de los estudiantes, declaró el grupo en un comunicado.
El gobierno mexicano sigue manteniendo que los 43 jóvenes fueron quemados en un basurero y que sus restos fueron arrojados a un río cercano, pese a que dos peritajes diferentes aseguran que no hay evidencias científicas que sostengan esa versión, más allá de las confesiones de los presuntos autores materiales que luego denunciaron haber sido torturados.
En la hoja de ruta de 20 puntos, que consideraron necesarios para intentar llegar a la verdad, el grupo subraya la importancia de que la investigación sea dirigida “únicamente” por la oficina creada específicamente para el caso y que depende del área de derechos humanos de la fiscalía. Pidieron que se investigue a “todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación”.
En este sentido, hicieron mención especial de los involucrados en la recolección de evidencias en el río donde supuestamente fueron arrojados los restos de los jóvenes —entre quienes está el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón— y pidieron que se aclare tanto la destrucción de algunas evidencias como la aparición repentina de otras.
Los expertos insistieron en la importancia de mantener las búsquedas; garantizar el diálogo y la atención a las familias; aclarar la actuación de la policía federal, el ejército y otras corporaciones de seguridad; e investigar tanto la tesis del tráfico de heroína como posible móvil del crimen como todas las denuncias de posibles torturas y otras violaciones a los derechos humanos.
El grupo entregó el viernes su hoja de ruta y su informe final a la procuradora general de la República, Arely Gómez.