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El Ayuntamiento de Puerto Vallarta envía este lunes al Congreso local el dictamen aprobatorio del decreto para la eliminación del fuero a todos los funcionarios públicos del estado de Jalisco, mediante el cual se suma a la lucha ciudadana en contra de la corrupción y la impunidad.
El pasado viernes, por unanimidad de votos, en sesión ordinaria del Ayuntamiento, se aprobó la desaparición del fuero a funcionarios de la entidad, ya que como lo planteó el alcalde Arturo Dávalos Peña, es importante respaldar el paso que dio el Poder Legislativo de Jalisco para eliminar los privilegios políticos y con ello pone un ejemplo a todo el país.
Puerto Vallarta fue de los primeros municipios en sumarse a dicha iniciativa en Jalisco y sólo falta notificarlo al Congreso del Estado.
Tras haber sido aprobada la reforma a la constitución local, Peña Dávalos aplaudió la decisión del Congreso, toda vez que la función pública debe entenderse como un servicio a la comunidad y no como una fuente de privilegios personales o de grupo, por lo que bajo esta premisa nadie debe estar por encima ni al margen de la ley.
Así, el gobierno de Puerto Vallarta se suma a la lucha ciudadana en contra de la corrupción y la impunidad para que si un funcionario comete algún delito esté en posibilidad de comparecer ante las autoridades, sin que con el fuero que hasta ahora algunos gozan se vea empañada por la igualdad que pregona la Carta Magna y se aplique la ley por igual.
El fuero es el privilegio de servidores públicos contemplados en la Constitución, que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen.
Entre los regidores se coincidió en que la sesión fue de gran trascendencia para Puerto Vallarta ya que este tipo de acciones dignifican el quehacer político, se resaltó además que Jalisco está marcando agenda política nacional, siendo punta de lanza este municipio al ser de los primeros en aprobar el desafuero.
Entre ellos prevaleció la idea de que la justicia y seguridad sin privilegios ni trato discriminatorio son los principios que deben prevalecer en un auténtico estado de derecho, en el que la ley debe aplicarse a todos por igual, sin distingos ni privilegios.
