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El presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó una iniciativa de reforma energética que busca modernizar el sector con una mayor participación del capital privado, pero de inmediato fue cuestionada tanto por la izquierda como por la derecha.
El mandatario citó una reforma al artículo 27 de la Carta Magna impulsada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), sólo dos meses y medio después de que decretara la expropiación petrolera, para abrir la puerta a los contratos de utilidad compartida con el sector privado.
Con esta reforma, tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “se mantienen 100 % como propiedad de la nación”, apuntó Peña Nieto, y enfatizó que esas empresas “no se venden, ni se privatizan”.
El objetivo de la iniciativa es fortalecer y modernizar ambas entidades para convertirlas en “empresas de vanguardia”, así como abaratar el coste energético para empresas y familias, dijo el presidente, quien llegó al poder el 1 de diciembre pasado.
En un acto celebrado en la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto argumentó que por la “rigidez” del marco constitucional vigente, el sector petrolero “perdió dinamismo” y “competitividad”.
Pemex tuvo que asumir una gran diversidad de actividades, desde la explotación hasta la distribución de hidrocarburos, pero lo hizo “sacrificando su especialización y consecuente desarrollo tecnológico”, dijo.
Ahora la reforma plantea abrir la participación del capital privado en las áreas exploración y extracción de crudo a través de contratos de utilidad compartida, y en refinación, transporte, almacenamiento y petroquímica, vía permisos.
El mandatario, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseveró que “México se encuentra ante una oportunidad histórica” de impulsar una reforma “capaz de transformar y elevar la calidad de vida de los mexicanos”.
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, estimó que la iniciativa impulsará un crecimiento adicional del producto interno bruto (PIB) de un punto porcentual y generará 500.000 empleos hacia 2018.
Si las proyecciones van hasta 2025, el PIB aumentará dos puntos porcentuales gracias a la iniciativa y los empleos generados alcanzarán los 2,5 millones, precisó en un encuentro con corresponsales extranjeros.
Por su parte, el subsecretario de Hidrocarburos, Enrique Ochoa, explicó que el objetivo de los contratos de utilidad compartida es que el sector privado corra con los riesgos de inversión “y contribuya con talento tecnológico y humano para extraer el hidrocarburo”, sobre todo en aguas profundas.
A su vez, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, precisó que la iniciativa será discutida al interior del Pacto por México, firmado el 2 de diciembre pasado por el Gobierno y las principales fuerzas de oposición para sacar adelante las reformas estructurales del país.
Nuño descartó por ahora una escenario en el que la propuesta salga adelante sin el consenso de los tres principales partidos del país, que han expresado su disposición a buscar un acuerdo pese a las actuales divergencias.
Jesús Zambrano, presidente del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), signatario del Pacto, afirmó que la propuesta de Peña Nieto tiene “toda la esencia” de una reforma privatizadora.
Aseguró que su partido, que esta semana presentará al Congreso su propia iniciativa, sigue convencido de que “no es necesario modificar la Constitución” para modernizar Pemex y la CFE.
Pero las críticas más fuertes de la izquierda las formuló Andrés Manuel López Obrador, excandidato presidencial y líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
López Obrador también citó a Lázaro Cárdenas al declarar: “Quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria y eso es ese mequetrefe de Peña Nieto, un traidor a la patria”.
Aseguró que luchará para “evitar que se lleve a cabo el robo del siglo” con una reforma que “sólo significa entregar la industria petrolera a la iniciativa privada tanto nacional como extranjera”.
El proyecto también fue cuestionado desde el otro lado del espectro político por conducto de Gustavo Madero, presidente del conservador Partido Acción Nacional (PAN), firmante del Pacto por México y que ya presentó su iniciativa de reforma energética.
“Tengo la impresión de que se están quedando en los mínimos para que ya no haga más agua el sector energético, pero no tanto para que se convierta en un verdadero motor” del crecimiento sostenido de la economía, señaló.
El líder se mostró en desacuerdo con que Pemex siga siendo “una paraestatal monopólica”, algo que ya no existe en el resto del mundo.
Recordó que el PAN impulsa una reforma “más audaz”, que pone a Pemex a competir con firmas privadas y asociaciones público-privadas mediante un esquema de concesiones, si bien coincide en que la propiedad de los hidrocarburos sigue siendo de la nación.