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El Congreso mexicano aprobó este miércoles un decreto para tipificar el delito de desaparición forzada, luego de que un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que el delito fuera reconocido y castigado por la ley mexicana.
“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró aprobado el decreto por el que se reforma” el “artículo 73 de la Constitución Política, en materia de desaparición forzada o involuntaria de personas”, informó el Senado de la República en un comunicado de prensa.
La iniciativa, surgida y votada en el Senado, fue aprobada en abril pasado por la Cámara de Diputados y ya ha sido aprobada por al menos 19 Congresos de los 31 estados en el país.
De esta manera, la Cámara de Senadores faculta al Congreso para expedir leyes que definan las penas para la desaparición forzada, además de los procedimientos para investigar el paradero de personas víctimas de este delito, añadió el comunicado.
Se trata de “un triunfo de la sociedad civil y de las víctimas”, dijo durante la sesión el senador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Zoé Robledo Aburto al criticar a autoridades y políticos que durante años se negaron a reconocer que en México se registran desapariciones forzadas.
Uno caso emblemático de desaparición forzada en México es el de Rosendo Radilla, un campesino de la montaña de Guerrero (sur) que desapareció durante de el periodo de la llamada “Guerra Sucia”, en la década de 1970 y en la que el gobierno desató una feroz represión en esa región por la presencia de la guerrilla.
El caso Radilla se resolvió en 2009 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con una fuerte sentencia contra el Estado mexicano.
Las críticas por la falta de una legislación para castigar este delito se agudizaron tras la desaparición, el 26 de septiembre, de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa a manos de policía municipales que, según la fiscalía federal, los entregaron a un cartel del narcotráfico que los habría asesinado e incinerado.
El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designado para investigar el caso de la desaparición solicitó esta reforma legal hace unos meses.
México vive una crisis de derechos humanos por la ola de violencia que se desencadenó en 2006 con la ofensiva militar lanzada por el gobierno contra los cárteles del narcotráfico con un saldo de 80.000 muertos y unos 22.000 desaparecidos.
