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El Fiscal General del Estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, ratificó que el cese de los 52 policías municipales que en Puerto Vallarta no acreditaron los exámenes de Control y Confianza, se dio en apego a derecho y cumplimiento a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual estipula que aquellos elementos que no aprueben sus evaluaciones y no tengan opción a ser revalorados, debían ser separados de la corporación a más tardar el 30 de octubre del presente año.
“Esto no es un tema de gustos, este es un tema de cumplimiento de ley”, señaló el fiscal durante la rueda de prensa que ofreció este jueves en compañía del presidente municipal, Ramón Guerrero Martínez; el secretario general, Víctor Bernal Vargas; el regidor presidente de la comisión de Seguridad Pública, Otoniel Barragán Espinoza y el comisario de Policía Preventiva y Vialidad, mayor Rogelio Hernández de la Mata.
Luis Carlos Nájera recordó que de la totalidad de los oficiales evaluados en el municipio, 152 elementos no aprobaron, sin embargo 100 de ellos tienen la opción de ser revaluados y es el proceso en el que se encuentran, “y pueden continuar de alguna forma dentro de la institución, pero 52 fueron catalogados como de alto riesgo y esos 52, por ningún motivo pueden permanecer más allá, o pudieron permanecer más allá del día 30, con una posible responsabilidad por parte de las autoridades tanto del director como del alcalde, y pues ellos están cumpliendo un mandato legal, no es una situación de gustos”.
Detalló que los elementos que resultaron como no aptos, es porque en sus resultados se detectaron problemas psicológicos, o hasta su vinculación a la comisión de delitos graves.
Refirió que éste no es un tema exclusivo de Puerto Vallarta, “es una situación que todos los alcalde están enfrentando, que toda la gente que estamos al frente de un mando, una corporación lo estamos enfrentando y al 30 de octubre toda la gente que reprobó y que no tiene derecho a una revaluación, por el alto riesgo que hay en los exámenes o en los resultados de los exámenes, tiene que estar fuera de las instituciones policiales con la consabida responsabilidad penal y administrativa que incurrimos en caso de no hacerlo”.
El funcionario estatal reiteró que todo servidor público está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, por lo que pidió que no se tome esta situación como bandera partidista “porque estaríamos violentando una ley federal y estaríamos incurriendo en responsabilidades graves”.
El presidente municipal, Ramón Guerrero Martínez, explicó que será a través de la partida del Subsemun, como se tendrán los recursos para la liquidación e indemnización de los elementos, algo que está considerado por el mismo programa federal.
“Es parte de un proceso por las mismas reglas de operación del programa Subsemun, así como te apoya y te respalda para enviar a los elementos a presentar su examen de control y confianza, también te da y te previene para indemnizarlos; eso está considerado en el recurso Subsemun, está etiquetado y está a disposición”, resaltó.
Subrayó que una vez que hayan liberado las plazas, se estará poniendo en marcha la academia regional para capacitar a los nuevos elementos que habrán de incorporarse como policías, quienes serán evaluados previamente por el Centro Estatal de Control y Confianza
En tanto se cubren las vacantes, Guerrero Martínez informó que se solicitó a la Fiscalía estatal su apoyo con la Fuerza Única Regional para fortalecer las tareas de seguridad. “Tenemos los elementos, están las patrullas funcionando, están haciéndose los operativos en las diferentes colonias, pero le hemos pedido al fiscal que nos ayude a reforzar, el apoyo para patrullar la ciudad”, por lo que la seguridad y tranquilidad de los vallartenses y visitantes está garantizada.
