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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que investiga 51 casos de posible tortura y maltrato a detenidos implicados en la desaparición de 43 jóvenes en 2014 y once más por arresto arbitrario y denunció “dilación” de las autoridades para responder a sus solicitudes.
El organismo detalló en un comunicado que está “en la última etapa de valoración” antes de emitir los pronunciamientos correspondientes.
Explicó que ha integrado 47 expedientes de quejas por la posible comisión de actos de tortura, once por detención arbitraria y cuatro más por posible maltrato durante la captura.
Para ello, dijo que pidió a la Fiscalía General, a distintas prisiones y a juzgados federales “declaraciones de los detenidos, certificaciones médicas, opiniones de mecánica de lesiones, valoraciones psicológicas, material videográfico y expedientes penitenciarios”.
“En algunos casos ha existido dilación para cumplir con lo solicitado”, denunció la CNDH, que señaló que médicos y psicólogos del organismo realizaron en las prisiones “valoración clínica, entrevista y evaluación psicométrica de todos los quejosos”.
“Para estar en posibilidad de establecer la violación a derechos humanos o la actuación legal de servidores públicos, la CNDH aplicó el ‘Protocolo de Estambul’ en todos los casos”, apuntó.
En el análisis de los expedientes, agregó, participa un equipo pericial colegiado, cuyas opiniones médicas y psicológicas permitirán al visitador responsable del caso la integración jurídica de esos elementos para que, una vez valorados con los demás incluidos en cada expediente, resolver lo que en derecho proceda.
La comisión anunció, además, que incorporará en su investigación de la desaparición de los 43 estudiantes el 26 septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero) el segundo informe elaborado sobre el caso por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Al igual que hizo con el primer informe presentado en septiembre de 2015, la CNDH incluirá el reporte final del GIEI, que concluye su mandato el próximo sábado, para valorar el “conjunto de elementos documentales en correspondencia con sus propias indagaciones”.
El organismo destacó “la coincidencia en un número importante de las sugerencias planteadas por el GIEI en sus informes -más de 20- con las observaciones y propuestas que la CNDH” dirigió a diversas autoridades federales en sus reportes del 23 de julio de 2015 y del pasado 14 de abril.
Además, recordó la solicitud formal que presentó al grupo en marzo pasado del “soporte documental recabado en el desarrollo de sus investigaciones y que sustentan sus conclusiones, incluido el que encuentra vinculación con los casos de tortura”, y confió en una “respuesta favorable”.
En su informe de 605 páginas, el GIEI detectó signos muy claros de tortura en 17 detenidos por este caso a partir del análisis de las pruebas médicas elaboradas por diversas instituciones mexicanas.
Tras estudiar la documentación respectiva a petición del grupo, un equipo del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura concluyó que había “indicios suficientes” de tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura que “deberían haber desencadenado una investigación”.
La CNDH indicó que la presencia de organizaciones internacionales en el país suma a la defensa de los derechos humanos, pero destacó que “no sustituye” la labor que dicho organismo está obligado a realizar.
Asimismo, dijo que “estará al tanto de la observancia que las instituciones brinden a los planteamientos formulados por el GIEI” en su informe, que desveló graves fallas en la investigación de la fiscalía y obstrucción a su trabajo por parte del Gobierno.
Según la versión de la fiscalía, los 43 jóvenes o una buena parte de ellos fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, lo que ha sido rechazado por los familiares, el GIEI y forenses argentinos en virtud de que no hay evidencias científicas de ello.
