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El gobierno del estado de Guerrero enfrenta un déficit público que asciende a más de 13,000 millones de pesos, debido a pago de nóminas en dependencias, principalmente por el pago de plazas a docentes “sin techo presupuestal”, aseguró este sábado el secretario de Finanzas y Administración estatal, Eliseo Moyao Morales.
“Guerrero ha venido acumulando, como bola de nieve, pasivos históricos que hoy representan una carga extremadamente pesada para cualquier gobierno, en algunos casos desde el 2001. El destino nos alcanzó y ante las carencias ya no se pueden seguir tomando recursos de donde no corresponde para solventar gastos operativos o de coyuntura”, reconoció el funcionario en conferencia de prensa.
Según lo detallado por Finanzas estatal, Guerrero tiene un presupuesto en el 2015 de 1,665 millones de pesos, de los cuales 573.2 millones se destinaron al pago de nómina educativa por las plazas no reconocidas, lo que afecta en 1,091 millones de pesos a las participaciones estatales.
Eliseo Moyao señaló que por lo menos desde el 2001 un total de 12,326 plazas se fueron creando fuera de techo presupuestal y al cambiar el sistema de recursos del pago de la nómina, “la federación los concentra, el gobierno del estado ya no es el responsable de la administración de estos fondos y se detona, no se creó este año”, explicó .
Aseguró que nadie se hace responsable ahora de esas plazas que se cubrían de forma irregular, situación por la cual el gobierno del estado presentó este problema a la Secretaría de Hacienda, y mantiene en negociación porque la federación rechaza reconocerlas.
En enero de este año Guerrero pidió a la Federación un anticipo de las participaciones para cubrir el pago de las 12,326 plazas “fuera de techo presupuestal” que sumó 674 millones de pesos, por lo que al presupuesto aprobado por el Congreso local se le hizo “un desajuste, una merma” de 225 millones de pesos, dando como resultado “un foco rojo”.
“En este mes pudimos pagar la nómina a todos los trabajadores del estado, del magisterio estatal, hemos sufrido pero hoy logramos salvar este problema de pagar la nómina completa de la primer quincena”, informó Eliseo Moyao.
Aunado a eso, el gobierno de Guerrero ha tenido en lo que va del año retenciones de la Secretaría de Hacienda por pago de portaciones patronales, que ascienden a 1000 millones de pesos.
El gobernador sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega informó en la semana a legisladores del “boquete financiero” de la entidad luego de que invirtiera recursos para resolver el conflicto con los maestros el año pasado, por lo que el gobierno estatal se encuentra al borde de la quiebra.
Moyao Morales reconoció que es “imposible” seguir administrando el déficit público, mientras que el secretario de Gobierno, David Cienfuegos, dijo que tras la declaración del gobernador era necesario “transparentar” la situación financiera, porque “repercute” en la prestación de servicios, cumplimientos de programas y dar cobertura a demandas de la población y organizaciones sociales.
“Esta manifestación que ha hecho el gobernador del estado debe entenderse, por encima de todo, como un llamamiento a las autoridades involucradas, especialmente a (Secretaría) Hacienda para que voltee los ojos para ver la situación que tiene Guerrero. Llamada a los sectores políticos del estado para cerrar filas en torno a la situación financiera”, pidió Cienfuegos.
El secretario de Finanzas indicó que pese al “enorme déficit” financiero e histórico que presenta Guerrero, este gobierno sustituto tiene la “intención de dejar las finanzas lo más sanas posibles” para la próxima administración que entra en función el 27 de octubre.
Añdió que el gobierno estatal ha hecho “un gran esfuerzo” por mejorar la captación de ingresos propios: programas de estímulos fiscales, modernizar el cobro de impuestos y tenencias, y el acceder al fondo de ISR que permite recuperar por los trabajadores al servicio del estado.
Esas acciones, dijo el funcionario estatal, han dado 55.7% más de recursos adicionales respecto al 2014: “esto ha hecho que no entremos, hasta julio, a una situación de quiebre y extremadamente rígidos y ordenados para aplicar el presupuesto y reduciendo los gastos corrientes y de operación”.
De acuerdo con el gobierno estatal, el gobierno federal, en particular la Secretaría de Hacienda, sabia de la crisis financiera desde inicio de año. La proyección para llegar al 27 de octubre próximo –al término de la gestión- es tener un déficit de 125 millones de pesos.
Moyao rechazó responsabilizar a alguna exadministración, como la de Ángel Aguirre Rivero, que dejó la gubernatura tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues dijo los pasivos “se arrastran” desde hace muchos años.
El secretario de Finanzas estatal aceptó que la cuenta pública del 2013, siendo gobernador Aguirre Rivero, tiene “observaciones” y es revisada por la Auditoria Superior de la Federación, misma que deberá ser “atendida” por los responsables en su momento, así como procedimientos de auditoria abiertos para dependencias y programas.
